El 11 de abril se realizará una jornada informativa en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia.
El próximo 25 de mayo se empezará a aplicar el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. La ley trae novedades importantes para las empresas y organizaciones, especialmente para aquellas que realizan un tratamiento de datos sensibles. Con el objetivo de ayudar a las organizaciones a entender qué medidas deben tomar frente a esta nueva legislación, el próximo 11 de abril se realizará una jornada informativa en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia.
El encuentro, de inscripción gratuita, está organizado por Basque Cybersecurity Centre y Grupo SPRI a través de Bizkaia Enpresa Digitala. La jornada tiene por título Las nuevas Evaluaciones de Impacto en Privacidad, nuevo paradigma, y será impartida por Víctor Salgado, socio director de la firma Pintos & Salgado Abogados y profesor de Derecho Informático en la Universidad de A Coruña. La charla estará dirigida a dar a conocer las principales novedades del Reglamento Europeo de Protección de Datos y, en especial, qué son las nuevas Evaluaciones de Impacto en Privacidad.
“El nuevo reglamento europeo supone un gran salto en lo que se refiere a protección de datos”, explica el abogado Víctor Salgado, “podríamos decir que hasta ahora la normativa nos llevaba de la mano y nos decía qué medidas de seguridad concretas debíamos cumplir en función de los datos que teníamos. Con el nuevo reglamento se deja cierto nivel de decisión, pero también supone una mayor responsabilidad”. Este incremento en la responsabilidad implica en buena parte de los casos la realización de análisis de riesgos y, en determinadas situaciones, también la elaboración de una EIDP –siglas de la Evaluación de Impacto en Privacidad-.
El objetivo fundamental de la jornada será explicar cuándo deben realizarse las EIDP, quién debe hacerlas y cuáles son sus diferentes fases. Tal y como explica el experto en Derecho Informático y Comunitario, deberán realizar estas evaluaciones “todas aquellas empresas, organizaciones o administraciones públicas que traten datos especialmente sensibles a gran escala, o que impliquen un riesgo para los derechos de las personas”. Estas evaluaciones están dirigidas a analizar en qué medida el uso de los datos puede afectar a los derechos de las personas, quien accede a ellos y qué medidas de seguridad deben llevarse a cabo para controlarlos, entre otros aspectos.
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