Deberán ser empresas especializadas en los ámbitos de actuación del proyecto objeto de subvención y que puedan acreditar experiencia en proyectos de naturaleza similar.
No pueden pertenecer o formar parte de sectores públicos, ni tener participación directa o indirecta con la empresa solicitante superior al 25%. Además, no deben tener capacidad de decisión en los órganos de gobierno de la empresa solicitante.
Sus gastos deben estar estrictamente relacionados con el proyecto subvencionado, como consultoría, desarrollo, hardware o licencias.