Euskadi pone en marcha la Autopista Regulatoria para reducir hasta en un 75% los plazos administrativos para proyectos de interés público

• 6 meses será el plazo máximo para la autorización de un proyecto de interés público en Euskadi. Es la mitad de los plazos máximos que establece la Comisión Europea en normativas como la Net-Zero Industry Act (NZIA) para este tipo de proyectos, que son de 12 meses.
•  Euskadi va a disponer, para los proyectos de interés público, de la normativa más completa y ágil entre las comunidades autónomas del estado, adaptada a las nuevas directices europeas y garantistas con el medio ambiente.
•  El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, han presentado esta mañana la “Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible”, conocida como “Autopista regulatoria”.

 Euskadi podrá en marcha la “Autopista Regulatoria” que permitirá reducir hasta en un 75% los plazos de los trámites administrativos para la aprobación de los proyectos que afecten a la actividad económica sostenible en Euskadi. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, y la consejera de  Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, han presentado esta mañana en el Parque Tecnológico de Miñano ante representantes de instituciones, patronales, agentes económicos y responsables de la industria y de diversos  sectores de Euskadi la “Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible”.

La necesidad de reducir los plazos de los trámites administrativos en los proyectos prioritarios del país está recogido en el Plan de Industria – Euskadi 2030. Dentro  del Proyecto Transformador “Mejora de los Procesos Administrativos”, se propone la reducción de los plazos administrativos en un 30%. En base a la nueva Ley que simplifica los procesos de aprobación de los proyectos de interés público, esta previsión se superará ampliamente, con una rebaja de entre un 30% y un 75% de los tiempos de tramitación en función del proyecto.

El consejero Mikel Jauregi ha señalado que “con esta iniciativa vamos a lograr acelerar los trámites y acortar los procesos administrativos para que Euskadi avance más rápido. Todo ello sin alterar ningún requisito urbanístico ni medio ambiental. Lo que hacemos es simplificar los procesos”.

Jauregi ha destacado que “con esta Autopista Regulatoria vamos a reducir hasta en un 75% los plazos de los trámites administrativos para aprobar los proyectos estratégicos de Euskadi. Proyectos vinculados con la industria y con la actividad económica sostenible del País. En algunos casos, el plazo de la tramitación se reducirá de 2 años a 6 meses y el número de procesos puede reducirse de 24 a 8”.

El consejero ha subrayado que “reducimos la burocracia mediante la digitalización y la simplificación de los trámites administrativos y la eliminación de duplicidades. Esta simplificación de los procesos impulsará la competitividad de nuestra industria y la atracción de inversiones”.

Por su parte, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha destacado que la nueva Ley «supone un cambio profundo en la manera de relacionarse la Administración con el sector primario y la cadena alimentaria, porque simplifica procedimientos, elimina duplicidades y permite que agricultores, ganaderos, pescadores, industrias alimentarias y entidades locales puedan desarrollar sus proyectos con mayor agilidad y seguridad jurídica».

Barredo ha subrayado que «no se trata de reducir garantías, sino de prestar un mejor servicio público. Queremos una Administración más eficiente, que acompañe al sector y que facilite la actividad económica sostenible manteniendo intacta la protección del medio ambiente».

Autonomía estratégica europea  y reindustrialización europea

Esta nueva Ley está enmarcada en la necesidad de autonomía  estratégica europea y la reindustrialización del continente. Ante la urgencia de acelerar la transformación digital, la transición energética y la autonomía estratégica europea, Euskadi lidera la simplificación  y  agilización de los procesos administrativos para impulsar la competitividad de la industria y de la actividad económica sostenible.

Los objetivos para hacer frente a esos retos hacen necesarios procesos administrativos más ágiles acordes con las normas ambientales comunitarias, y sin comprometer la competitividad de la industria y de los diferentes sectores.

En este sentido, la Comisión Europea ha establecido mecanismos administrativos y plazos máximos para obtención de las autorizaciones de proyectos de interés público, que resultan incompatibles con el esquema normativo actual. Es por ello que procede adaptar el marco legal vigente.

Los plazos máximos que establece la Comisión Europea en normativas como la Net-Zero Industry Act (NZIA) para este tipo de proyectos, son de 12 meses. Esta Ley los reduce a la mitad: 6 meses será el plazo máximo para la aprobación de un proyecto de interés público en Euskadi.

Simplificar los procedimientos que afecten a la actividad económica sostenible

 Por ello es necesario acelerar y reducir los tiempos de tramitación administrativa para aprobar los proyectos de interés público del País. Esta Ley concilia la simplificación y agilización administrativa con el estricto cumplimiento de la normativa medioambiental.

El objetivo de la Ley es promover la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos que afecten a la actividad económica en Euskadi. La nueva norma se enfoca especialmente en los sectores de medioambiente, la energía, la alimentación y el sector primario, así como en la gestión del dominio público marítimo terrestre y portuario, respetando el reparto competencial entre las instituciones vascas.

En resumen, las actuaciones principales para la simplificación administrativa y desburocratización que promuebve la nueva Ley son als siguientes:

• Designación de los trámites medioambientales como “urgentes”, con lo que los plazos estimados se reducirán a la mitad.
• Reducción de las cargas administrativas adoptando el principio de “once only”.
• Simplificación y automatización de procesos administrativos claves, incluyendo la digitalización e implementación de herramientas tecnológicas.
• Fortalecimiento de seguridad jurídica mediante marcos normativos claros y estables.
• Designación como PIPS urbanísticamente:
  • Adelantará modificaciones del panteamiento municipal. Ayuntamientos deberán adaptar planeamiento en consecuencia.
  • Integrará las licencias de obras. Se realizará una consulta previa al ayuntamiento correspondiente, con plazo de respuesta de un mes.

Declaración de Proyecto de Interés Público Superior (PIPS)

 Para que un proyecto acceda a este proceso de simplificación administrativa, la nueva Ley crea la figura del “Proyecto de Interés Público Superior” (PIPS). Los siguientes tipos de proyectos, entre otros, pueden optar a la consideración de PIPS:

• Proyectos Transformadores del Plan de Industria – Euskadi 2030.
• Actuaciones y ampliaciones de las redes eléctricas.
• Proyectos de energías renovables.
• Instalaciones productivas de tecnologías de cero emisiones netas.
• Proyectos de materias primas fundamentales.
• Proyectos de infraestructuras de residuos y economía circular.

La aprobación definitiva de la declaración del Interés Público Superior de un proyecto la realizará el Consejo de Gobierno, previo proceso de consulta pública e informe de la Comisión de la Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV). La declaración de un proyecto como de Interés Público Superior, integra las aprobaciones urbanísticas y medioambientales, con el objetivo de agilizar los plazos de ejecución.

La puesta en marcha de esta nueva Ley supondrá que Euskadi va a disponer para los proyectos de interés público de la normativa más completa y ágil entre las comunidades autónomas del estado, adaptada a las nuevas directices europeas y garantistas con el medio ambiente.

Además, la ley contempla la reducción de trámites administrativos modificando diferentes leyes en vigor e incoporando nuevos artículos con una finalidad decididamente simplificadora, coincidiendo, en relación con una parte de la norma, con las nuevas competencias que ejerce esta Comunidad Autónoma como consecuencia de la  transferencia de la gestión del litoral en abril del año pasado. Todo ello permitirá agilizar las autorizaciones de las actividades en nuestro litoral, sincronizar y armonizar las inspecciones que reciben las empresas del sector alimentario, reduciéndolas,  y ordenar e impulsar las actividades en el medio rural.

Como manifestó recientemente el Lehendakari, Imanol Pradales, en el Parlamento Vasco, esta iniciativa está alineada con los objetivos  del Gobierno Vasco: “la desburocratización y la simplificación administrativa es un objetivo de país. Los desafíos que afrontamos nos demandan agilidad y velocidad. La competividad nos interpela también a las administraciones públicas. El mundo no espera y las inversiones tampoco”.