ES | EU


10 de octubre de 2014


La intención de esta norma es proteger al inversor quien, a partir de ahora, contará con información suficiente sobre las características del promotor, de la plataforma donde se van a publicar tanto los proyectos como las ofertas a los mismos y las características del vehículo utilizado para obtener la financiación, además de los riesgos inherentes a este tipo de inversión.

Lo más interesante es que se han retirado los límites para los “inversores acreditados”.

Se considerarán “inversor acreditado”, los inversores institucionales y las empresas que superen determinados niveles de activo (un millón de euros), cifra de negocio (dos millones) o recursos propios (300.000 euros) y todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los 50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior a 100.000 euros y soliciten expresamente este tratamiento
Para los inversores no profesionales, como ya decía el anteproyecto, se establece un límite de 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros por plataforma durante un plazo de 12 meses.

El límite de dinero que las empresas podrán recaudar mediante plataformas de crowdfunding, sigue lo previsto en el anteproyecto y se reduce a €1M ante el miedo del gobierno de que ampliar ese límite pueda desembocar en fraudes masivos a pequeños inversores, con lo que, de momento, se muestran inflexibles.

Para las plataformas de crowdfunding ésta es una manera de lograr financiación para determinados proyectos de empresas pequeñas y medianas que necesitan de una inversión superior a la que se puede alcanzar en el entorno de la familia y amigos pero que, por su tamaño, no resultan atractivas para otros tipos de financiación como el capital riesgo, etc.